ago 28, 2011
La oposición de grupos sociales a las pretendidas reformas a la Ley de Seguridad Nacional no es gratis, y organizaciones como el Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, orillaron al Gobierno a ser tomados en cuenta y respetar los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, la ley señala que no pretende violentar derechos fundamentales pero repetidamente lo hace, al legalizar los retenes, los cateos, las detenciones, las intervenciones telefónicas a cargo de las Fuerzas Armadas.
Además se le conceden a las Fuerzas Armadas atribuciones de seguridad pública y de investigación de delitos que sólo corresponden constitucionalmente al Ministerio Público y a la Policía, según lo establece el artículo 21 de la Constitución. En esta polémica por la aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, los diputados federales y las Fuerzas Armadas no logran ponerse de acuerdo con la sociedad para unificar criterios, definir y aprobar, sin embargo, desde la definición misma de lo que significa Seguridad Nacional ha sido un obstáculo.
LOS PUNTOS ÁLGIDOS
Entre los temas que más temor, preocupación y oposición han despertado en la sociedad mexicana y organizado marchas de protesta, destaca la exigencia de las Fuerzas Armadas para que sus intervenciones en el combate al crimen organizado, cuenten con un marco legislativo que las proteja de reclamos futuros por violaciones a los derechos humanos de las poblaciones civiles.
Así, los cambios que se proponen protegerían la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública en tiempos de paz, cuando su función es intervenir en materia de seguridad nacional para proteger y preservar la permanencia, la estabilidad e integridad del Estado Mexicano. A este respecto el diputado federal del PAN por Jalisco, Gustavo González quien es miembro de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Congreso de la Unión reconoce que el tema de las atribuciones al Ejército y las Fuerzas Armadas para su actuar con la población en la lucha contra la delincuencia organizada no ha logrado el consenso para aprobar el artículo referido, ya que la sociedad pretende limitar el actuar de la milicia y la iniciativa presidencial da prácticamente “manga ancha” a sus potestades.
La propuesta señala en la fracción VI del artículo 77 que: “Si lo considera procedente, el Presidente de la República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y podrá disponer de la Fuerza Armada permanente y de las instancias y autoridades competentes para la atención de dicha afectación.
“Ese es otro punto del debate –expresó el legislador– cuándo el Ejército debe de intervenir, cuando una situación dentro del país que no sea un agente externo, o que sea un agente interno, sea de tal magnitud que pone en riesgo la supervivencia de México como país. En esa situación un ejemplo claro es el narcotráfico, es lo que está combatiéndose en la agenda de Seguridad Nacional en la actualidad, pero en qué momento sí o hasta donde debe participar el Ejército, no existe una legislación secundaria y nunca existió y esto deja mucho que desear porque no debe el Ejército intervenir, sin saber hasta dónde son sus límites.
“En una iniciativa de Calderón, se trató en el 2008 de incorporar un título a esa ley que establezca la legislación reglamentaria al concepto de seguridad interior, cuando se debe de considerar el asunto, como se declara una afectación, porque temporalidad, y con qué atribuciones entra el Ejército. Allí se generó un debate porque muchos grupos de Derechos Humanos dicen que ninguna protestad puede ir más allá de las limitaciones que puede tener cualquier autoridad dentro del marco de los derechos humanos”.
- Uno de los puntos polémicos era que se planteaba en el proyecto que aprobó el Senado, que se facultaba al presidente a utilizar al Ejército para disolver manifestaciones, en caso que se considerara que ponían en riesgo la seguridad nacional y podría repetirse un caso como el del 68.
- Esto fue porque hubo muchas confusiones, hubo un documento que se empezó a trabajar con la Junta de Coordinación Política y un grupo de varios diputados del PRI y del PAN, yo estuve presente, pero ese documento generó mucha confusión entre los compañeros y realmente no entiendo su postura y empezaron a hacer esos ejemplos que no es definitivamente el caso.
Tú le quieres cargar al concepto de Seguridad Nacional todo lo que quieras, le vas a dar una potestad al presidente para mandar al Ejército por cualquier cosa y ese es uno de los primeros problemas que generó una confusión, que estamos ciertos que deberá de corregirse el concepto de Seguridad Nacional por lo menos en su definición en la ley debe acotarse o debe de distinguirse de otra situación que se llama Política de Seguridad Nacional, donde se precise y acote que situaciones va a intervenir el Ejército. Incluso los del Ejército han dicho que debe de existir un esquema de gradualidad para evitar que se les mande llamar por cualquier cosa, concluyó.
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
Un segundo tema, de los que plantearon los organismos representantes de la sociedad civil, refiere a la participación que en materia de inteligencia y contrainteligencia, intervenciones en materia de comunicaciones privadas, detenciones, cateos, allanamientos y operaciones de vigilancia y seguimiento, podrán realizar las Secretarías de la Defensa y de Marina y las Fuerzas Armadas, tanto previamente como durante las llamadas, según el documento oficial, “declaratorias de afectación de la seguridad interior”, relacionadas con situaciones graves en materia de seguridad pública.
Esta reforma permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del Ejército y usar “cualquier método de recolección de información”, pero además bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía esté obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares, esto, tan sólo estos párrafos significarían una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de Estado de excepción.
LAS PETICIONES DE SICILIA
“Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de Seguridad Nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben leyes consensuadas con las organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos”, ésta es una de las peticiones del poeta Javier Sicilia, quién encabeza al Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, que logró captar la atención del Ejecutivo y del Legislativo para revisar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
TOMARÁN EN CUENTA PROPUESTAS CIUDADANAS
A ese respecto el coordinador de la bancada priísta por Jalisco en San Lázaro, Arturo Zamora Jiménez, quien fue nombrado como presidente de la mesa que analizó los temas de justicia y seguridad en la reunión plenaria del PRI, en Playa del Carmen, Quintana Roo, reconoció que se tomará en cuenta las propuestas de la ciudadanía y se tendrá que aprobar un documento donde converjan las partes porque la ley es general y no puede aplicarse de manera individual.
- ¿Las reformas no serán letra muerta? –se le interrogó–.
“Esta no es una ley nueva, es una reforma a 22 artículos donde se tratan temas conceptuales y de la realidad que está viviendo el país, de lo que se trata es poner un marco jurídico más amplio a la actuación no sólo del Ejército, sino que ahora surge luego de la reunión en Chapultepec con Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz la Justicia y la Dignidad”.
Zamora Jiménez, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados indicó que habrá otras orientaciones que se deben complementar como es el tema de una Ley de Seguridad Nacional que también contemple lo relativo a las víctimas de los delitos o también la opinión que emitió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, en un documento de 46 cuartillas, que revisándolo hace un análisis y una metodología de trabajo para regresar a los tiempos de paz y tranquilidad que teníamos. Todos estos documentos tendrán que ser tomados en cuenta antes de emitir un documento sobre la Ley de Seguridad Nacional.
- ¿Qué tanto queda del documento original que envió el Presidente Felipe Calderón, después de las modificaciones en el Senado, de lo que pretende Sicilia y de las que se harán en el Congreso?
- Es una excelente pregunta de reflexión, por una parte el Senado le hizo modificaciones al original, y nosotros tendremos que hacer cambios de acuerdo a la Reforma Constitucional, y vamos a recibir las aportaciones de estos grupos y organizaciones y movimientos sociales, no se sí finalmente prevalezca el criterio que le da origen o la motivación que le da origen a la Ley de Seguridad Nacional o finalmente tendrá que prevalecer un criterio completamente distinto.
Al referirse al aspecto cualitativo de la iniciativa, señaló que debe quedar como “una herramienta que sea de utilidad al Estado Mexicano para combatir eficazmente al crimen organizado, una herramienta que pueda revertir el fenómeno de la impunidad, que disminuya el fenómeno de la corrupción, que sea una herramienta que verdaderamente se transforme en un instrumento que se utilice por todos los policías de este país, una herramienta que en un momento dado nos permita que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles”.
Respecto a si dejará satisfecho al Presidente Felipe Calderón, autor de dicha iniciativa, con los cambios que se le han hecho a la iniciativa de reformas a la Ley Nacional de Seguridad, y que podría vetarla, el jurista jalisciense, respondió que “una ley tiene como visión y una característica de todas las leyes es su generalidad y no se trata de una ley que vaya a satisfacer a una parte del estado mexicano, sino a todas las partes y bajo ese principio tenemos que diseñar una ley que cumpla las expectativas.
“La parte de la generalidad nos ayuda porque si nos ponemos a ser específicos es posible que cometamos errores ese es el trabajo legislativo, es la parte de la responsabilidad que tenemos en la comisión de Gobernación donde nos reservamos todos los artículos para poder hacer el análisis puntual de cada uno de ellos”, concluyó.
NO VIOLAR DERECHOS HUMANOS
El diputado Raúl Vargas López, coordinador de la fracción legislativa del PRD en el Congreso del Estado, le da la razón al poeta Javier Sicilia y a las organizaciones de Derechos Humanos que se oponen a las reformas de acuerdo a la iniciativa presidencial. “Las reformas que se plantean a la Ley de Seguridad Nacional vienen a violar nuestros derechos humanos, ampliando las facultades del Gobierno Federal para que de manera discrecional pueda intervenir en nuestra intimidad, o en nuestras vidas privadas, sin que el ciudadano se pueda defender”.
El legislador local jalisciense, advierte que esta reforma plantea supuestos jurídicos que son bastante alarmantes, pues ahora se puede considerar cualquiera atentado a la seguridad nacional aquello que al libre criterio del Gobierno Federal se determine con esa calidad, incluyendo manifestaciones políticas de cualquier tipo. “Esto es algo grave, porque implica que ante este tipo de eventos, el Presidente de la República, a través Consejo de Seguridad Nacional, puede realizar una declaratoria de la afectación de la seguridad nacional, lo que le permite a este organismo tomar todas las acciones que considere pertinente para resolver la misma, lo cual puede ser desde mandar el Ejército a un área determinada, a la Marina, hasta detener las personas que considere que atentan en contra de la seguridad nacional, aunque realmente no tengan nada que ver con el asunto en cuestión. Inclusive, en todo caso se puede aprehender individuos con base a información anónima que no tenga ningún respaldo en la realidad, si así se estima conveniente”.
PODRÍAN VULNERARSE DERECHOS HUMANOS
Para el coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública en el ITESO, el maestro Jorge Rocha las propuestas de reforma a la Ley tienen una serie de vaguedades que abren la posibilidad de que se aplique de manera represiva y caiga en contradicciones con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. El académico recalca que incluso a escala internacional, en las recomendaciones que han hecho las organizaciones de derechos humanos al país se encuentra que “el Ejército vaya abandonando las calles”, de tal modo que con la reciente propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, creada en 2004, “se intenta dar una certeza jurídica a esa situación, aunque obviamente podría correrse el riesgo de caer en una situación de inconstitucionalidad, porque van a crear una Ley reglamentaria que no está acorde con la Constitución”.
A su vez, el académico reconoció la importancia de que recientemente la UNAM haya presentado 30 propuestas para hacer un plan de seguridad, que contempla cuestiones como el lavado de dinero, acciones como un foro internacional sobre las problemas asociados a la migración, y perfiles multidisciplinares para el reclutamiento de policías.
Dentro de la reforma propuesta se encuentra también la regulación de tareas del Centro de Investigación y Seguridad nacional (CISEN) al tratar puntos como “qué atribuciones tiene, quiénes lo pueden integrar; se establece el tema de controles de confianza, otra parte más organizativa. En los gobiernos panistas, el CISEN pasó de ser una dependencia con mucha fuerza a ser un centro de muy pequeño impacto, y lo que pretende la ley es situar al CISEN en un lugar adecuado”, lo cual considera el académico como un punto positivo mientras esa instancia no vuelva a tener el peso que tuvo en los años 70 o en la llamada Guerra Sucia, finalizó.
Rocha también ha advertido que la Ley de Seguridad Nacional no cuenta con un consenso social, pues aunque hubo algunos foros éstos fueron pocos en relación con el alcance que tendrían las disposiciones, y hubo consenso entre el PAN y el PRI pero no se tomaron en cuenta a los demás partidos. En ese contexto la aprobación de estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional podría dar como resultado algo “con poca legitimidad, que tiene francos desacuerdos, incluso las organizaciones más importantes de derechos humanos se han pronunciado en contra de ella”, tales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos”, conforme se publica en la página de comunicación del ITESO.
“NECESITAMOS INSTITUCIONES SÓLIDAS”
El diputado Raúl Vargas, apunta que requerimos de un sistema de seguridad nacional que realmente garantice la soberanía, a partir de instituciones sólidas, que cuenten con la confianza del ciudadano. “Esto no lo vamos a lograr con la total arbitrariedad y discrecionalidad, ya que esto sólo generará más desconfianza. Por esta razón nos unimos al llamado del poeta Javier Sicilia, en contra de esta reforma, buscando una ley ciudadana, que busque nuestra seguridad nacional de manera efectiva, respetando en todo momento nuestros derechos humanos, en especial, nuestra intimidad”, concluye.
